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Régimen Penal Cambiario
Publicado el 21/05/2014
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Régimen Penal Cambiario.



Sumario: I. Introducción; II. Delitos y Contravenciones Cambiarias; III. Responsabilidad de los directores, síndicos y gerentes; IV. Órgano de aplicación de sanciones a directores y demás responsables; V. Conclusión.



I. Introducción:

El propósito del presente trabajo es describir el Régimen Penal Cambiario conforme normativa, doctrina y jurisprudencia en materia bancaria.

El régimen de control de cambios tiene vigencia en nuestro país a partir del decreto - ley del 10 de octubre de 1931, permitiendo la intervención del Estado en esta materia.

Por ese entonces, el control de cambios estaba bajo la órbita de la Oficina de Control de Cambios, siendo sus funciones trasladadas al nuevo Banco Central de la República Argentina en el año 1935, fecha de su creación.

Nos avocaremos específicamente a explicar la responsabilidad penal de los directores, síndicos y gerentes.



II. Delitos y Contravenciones Cambiarias.

La distinción entre delitos y contravenciones implica, en buena medida, encarar la diferencia misma entre el derecho administrativo económico y el derecho penal económico.

El estado en su actuación aplica multas, sanciones y hasta penas privativas de la libertad; en este último caso delegando la función de juzgar al Poder judicial.

En otros supuestos, las sanciones administrativas pueden llegar a provocar la muerte de las personas jurídicas castigadas con la revocación de la autorización para funcionar. Esta suerte de naturaleza mixta de sanciones ha llevado a discutir sobre cuales su verdadera esencia.



En principio se ha negado el carácter autónomo respecto del derecho penal, ya que su estatus dentro de él y garantiza la vigencia de todos aquellos principios de carácter protectorios hacia el imputado[1].

Sin embargo, este tema dista de ser pacifico en la doctrina. Algunos comparten la idea de que es imposible sancionar penalmente a entes colectivos, en razón de que carecen de capacidad por no tener conciencia de la antijuridicidad e incluso de la posibilidad de obrar intencionalmente, otros, afirman que no hay razón para negar la aplicación de sanciones a entes ideales[2] menos aún en materia de delitos cambiarios, cuando el propio art. 2 de la ley 19.359 establece la posibilidad de sancionar no solamente a los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia, sino también a la propia persona de existencia ideal solidariamente con los primeros.

En síntesis, no puede haber una distinción tajante entre delitos y contravenciones, la distinción es meramente cuantitativa, tomando como referencia el régimen punitivo menor o más leve con que se amenaza y castiga a la segunda con relación a la primera, si se puede admitir que la diferencia es cuantitativa en las sanciones que son aplicadas.

Por tanto al no haber diferencias, la consecuencia es que no se justifica un régimen especial aplicable a las contravenciones con relación al aplicable a los delitos. Los principios generales de uno son los mismos que los otros, desapareciendo así la necesidad de procedimiento administrativo para juzgar la contravención, así como la reformulación que se hace del principio del debido proceso penal.

En el caso concreto de estudio –infracción de las normas que regulan el régimen de cambios-, tanto legislativa como doctrinariamente están consideradas delito. Para ello basta tener en cuenta las penalidades con que son amenazadas las conductas típicas cambiarias.



III. Responsabilidad de los directores, síndicos y gerentes.

La ley 21.526 establece un doble régimen de sanciones para las personas físicas y para las entidades jurídicas responsables por infracciones cometidas en contra de lo previsto en aquella.

El artículo 41 de dicha ley dispone sanciones con una responsabilidad que no tiene carácter objetiva sino que son impuestas a quienes sean responsables de las infracciones.

Por su parte la Ley penal cambiaria número 19.359 establece la aplicación de penas de multa, prisión o ambas para los infractores, determinando la solidaridad de directores, gerentes, síndicos y miembros del consejo de vigilancia con la persona jurídica que forman parte.

La responsabilidad de la persona jurídica imputada recae indistintamente sobre sus miembros, con motivos de los cargos que ocupan, por el hecho de asistir a las reuniones del Directorio que les permitió conocer y participar en todas las decisiones relacionadas con la persona jurídica en cuestión[3].

La responsabilidad de las personas físicas componentes de la sociedad involucrada a título de autoras debe estimarse acreditada (en orden a los Art. 1 inc. f), 8 y 15 de la ley 19359) si los cargos directivos que ocupaban permitió conocer, dirigir o participar en todas las decisiones relacionadas con las infracciones en cuestión[4]. Asimismo, se debe de condenar a la firma imputada y al socio solidariamente por infracción al régimen de cambios vigente[5].

Hasta la sanción de la ley 22.338, modificatoria de la ley 19.359, el criterio utilizado era el de la responsabilidad objetiva, que fue convalidado jurisprudencialmente.

La reforma de esta norma modificó el artículo 2, estableciendo la responsabilidad solidaria de quienes hayan intervenido en el hecho punible.

Asimismo, la ley penal cambiaria 19.359, introdujo importantes modificaciones en el sistema, articulando un régimen uniforme, a la dispersa legislación que regía hasta entonces sobre el tema. Pasando el contenido a una sola ley, y no en meros decretos reglamentarios, que por tipificar delitos adolecían de inconstitucionalidades manifiestas.

Tal como hemos dicho, en su artículo 2 determina un régimen de sanciones crecientes como la primera vez: multa de tres a diez veces el monto de la operación; la segunda reincidencia: Prisión de uno a ocho años, y asi, sucesivamente.

Invocando la naturaleza jurídica de las infracciones legisladas y aduciendo “la extrema gravedad y trascendencia económico-social que los delitos cambiarios importan para los intereses públicos y la magnitud de los perjuicios que de ellos derivan”, se proclamó el necesario apartamiento de “los principios corrientes que informan el derecho penal común”. Así por ejemplo, la aplicación de las multas ya descriptas, en forma solidaria, a los entes colectivos y a sus órganos (directores, administradores y gerentes)[6].



IV. Órgano de aplicación de sanciones a directores y demás responsables.

El órgano de aplicación de las sanciones a los directores y demás responsables de la entidad, es la Superintendencia de Entidades Financieras, conforme surge claramente del art. 47, inc. f. de la Carta Orgánica del Banco Central, constituyendo ésta una de aquellas normas que consideramos propias, es decir, que son de aplicación sin necesidad de conocimiento o autorización por parte del directorio del Banco.

Si hay delito, el Banco Central debe promover las acciones penales. Es la Superintendencia la que elevará el sumario al Presidente y éste hará la respectiva denuncia, en cuyo caso se constituirá querellante. Cabe destacar que las facultades son propias de la institución y no de la Superintendencia como tal, sin perjuicio de que por vía administrativa, y mandato mediante, podrá delegárselas a éste organismo desconcentrado, en razón de que es el quien ha investigado y tiene mayor conocimiento del hecho.

La realización del mencionado sumario no excluye la posibilidad de investigación judicial cuando el delito sea puesto en conocimiento de la justicia. Sin embargo, aunque hipotéticamente, podría darse la existencia de sumarios paralelos; de ordinario ocurre que el sumario administrativo en sede del Banco Central es de carácter previo, concluyendo eventualmente en la denuncia judicial que provoca la instrucción de este organismo[7].

Ha dicho la jurisprudencia que no vulnera la garantía constitucional del debido proceso la concentración en el Banco Central de las etapas de prevención, como tampoco se contrapone a la garantía aludida la función jurisdiccional conferida por la Ley al Banco Central de la República Argentina, en cuanto es susceptible de control judicial. El art. 1, inc. f) de la ley 19359 configura ley penal en blanco que prevé una conducta ilícita estableciendo la sanción correspondiente. Dicha norma se encuentra individualizada por el Decr. 2581/64 y la Circ. Copex-1, Capítulo 1 y Com. A del Banco Central, las cuales fueron dictadas en el ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria que establece el art. 86 inc. 2 de la Constitución Nacional, por lo que tanto la Circular como el Decreto citado (que integran el régimen cambiario), han emanado de autoridad competente y, en consecuencia, el principio de legalidad no se encuentra vulnerado. Asimismo, la responsabilidad de las personas físicas componentes de la sociedad involucrada a título de autoras debe estimarse acreditada (en orden a los Art. 1 inc. f), 8 y 15 de la ley 19359) si los cargos directivos que ocupaban permitió conocer, dirigir o participar en todas las decisiones relacionadas con la causa en cuestión[8].

Como también ha dicho la CSJN, es válido el informe del Banco Central en la que se sustenta la instrucción del sumario y la consecuente condena si, en relación con la verificación de los hechos denunciados y la responsabilidad de los imputados, la decisión contiene fundamentos suficientes con base en las constancias de la investigación practicada por la autoridad administrativa y en las normas aplicables al caso, así no se autoriza su descalificación como acto jurisdiccional.

Así, se pronuncio diciendo que “Corresponde rechazar los agravios tendientes a demostrar que las falencias del informe que propició la apertura del sumario y la notificación del traslado hubieran tornado ilusorio o menoscabado los derechos de los imputados si éstos contaron con la posibilidad de ejercer su defensa y ofrecer las pruebas con pleno conocimiento de los derechos que les asistían, en las instancias previstas en los artículos 8 y 9 de la ley 19359. Corresponde rechazar el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que impuso una multa por infracción a la ley 19.359 si no se demostró de qué manera la cuestión planteada acerca de la ausencia de requerimiento punitivo concreto haya podido variar la decisión final a la que se arribó, toda vez que no ponderaron -ni menos aún refutaron por excesiva- la pena de multa individualizada por él a quo sobre la base del monto de las operaciones cuestionadas y de lo dispuesto en el Art. 2 del citado cuerpo legal. Si bien la multiplicidad de instancias no es una condición cuya ausencia vulnere per se tal garantía constitucional, ello ocurre cuando se frustra sin fundamento válido la vía revisora prevista legalmente para obtener el reconocimiento del derecho invocado[9].



V. Conclusión.

Como se ha dicho de inicio, el presente trabajo está dedicado a analizar la responsabilidad de los directores, síndicos y gerentes conforme el régimen penal cambiario, recolectando mayormente jurisprudencia a los fines de explicitar de qué se trata este derecho, pues, desde un punto de vista, se considera que es una adecuada forma de ver el derecho vivo, apreciándolo desde su aplicación concreta por parte de los tribunales y analizando los puntos de coincidencias de la jurisprudencia mayoritaria para el tema.

Puede apreciarse entonces, que se ha considerado responsables de las infracciones al régimen penal cambiario a los directores de las entidades financieras, a los síndicos y consejos de administración, y a los gerentes por su carácter de jerárquicos, atribuyendo la responsabilidad al beneficiario de la operatoria en los casos de infracciones a la ley penal cambiaria, donde los actos cometidos por la sociedad son atribuidos con responsabilidad solidaria a los administradores de estas.

También hemos visto en el decurso del presente que el órgano de aplicación de las sanciones a los directores y demás responsables de la entidad es la Superintendencia de Entidades Financieras y si hay delito, el Banco Central debe de promover las acciones penales correspondientes. Es la Superintendencia de Entidades Financieras la que elevará el sumario al presidente, y éste hará la respectiva denuncia. La realización del sumario no excluye la posibilidad de investigación judicial cuando el delito sea puesto en conocimiento de la justicia.







[1] Sistema Bancario Moderno. Manual de Derecho Bancario. Tomo I. Héctor Á. Benélbaz –Osvaldo W. Coll. Editorial Depalma. Ed. 1994. Pág. 173.





[2] Idem 1. Pág. 175-176.





[3] Régimen penal cambiario - liquidación de divisas - omisión de ingreso - percepción efectiva por el exportador - tipo penal - integración - delito continuado - responsabilidad - personas jurídicas. CPECON. Sala 1, (RIGGI - HENDLER - CORTELEZZI, en disidencia) - Reg. 224/1988 - 30.08.1988- Causa "EDITORIAL LOSADA S.A. s/Régimen penal cambiario" Ref. norm.: Ley 19359 (t.o.1982), Art. 1. Fallo publ. en: JPBA-68, F. 7737, origen del presente sumario. Nota: El presente sumario corresponde el voto de la mayoría; la disidencia está comentada en JPBA-68, F.7737 [ver "Nota de redacción"]. El Dr. Cortelezzi opinó que no se trataba de delito continuado sino de hechos independientes. Citar: [elDial.com - AK3C ]





[4] régimen penal cambiario - banco central: facultades - garantías constitucionales: debido proceso - control judicial - constitucionalidad ley 19359 (t.o.1982) - ley penal en blanco - liquidación de divisas - omisión de ingreso - monto escaso - percepción efectiva por el exportador - personas jurídicas: responsabilidad. CPECON. Sala 1, (RIGGI - CORTELEZZI) - Reg. 085/1990 - 19.04.1990 - Causa 28908 - "ARPEMAR S.A.P.C. Y I.; TRABALLONI, PEDRO; TRABALLONI, JUAN CARLOS; SALVI, NICOLAS s/Infracción al Régimen penal cambiario" Trib. de origen [Juzg/Secr]: BCRA. Ref. norm.: Ley 19359 (t.o.1982), Art. 1 inc. f), Art. 8 y Art. 15; Constitución Nacional, Art. 86, Inc. 2). Fallo publ. en: JPBA-75, F. 10555, p.55, origen del presente suamrio. Nota: Se resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 inc. f), 8 y 15 de la ley 19359. Ver fallo de la Corte Suprema, resuelto en May.12.92, en FALLOS 315:910. Citar: [elDial.com - AKAD4]





[5] CPECON. Sala B, (PIZZATELLI - GRABIVKER - HORNOS) - Reg. 194/1998 - 20.04.1998- Causa 38391 - "LANCOMEX S.C.A. s/Régimen Penal Cambiario" Trib. de origen [Juzg/Secr]: 2/4 Se citó: CPEcon, Sala A, Reg. 398/1994 "Ola S.A.". CSJN, "Argenflora S.C.A.", May.6.97. Ref. norm.: Ley 19359 (T.o.1982), Art. 1, Inc. e) e Inc. f); Decr. 530/91; Ley 23697; Ley 23928; Constitución Nacional, Art. 75 Inc. 22); Convención americana de derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23954), Art. 9; Pacto internacional de derechos civiles y sociales (Ley 23313), Art. 15. Fallo publ. en: JPBA-103, F. 108, (Síntesis), origen del presente sumario. Citar: [elDial.com - AK136F]





[6] Idem 1. Pág. 181.





[7] Idem 1. Pág. 200 y 201.





[8] régimen penal cambiario - banco central: facultades - garantías constitucionales: debido proceso - control judicial - constitucionalidad ley 19359 (t.o.1982) - ley penal en blanco - liquidación de divisas - omisión de ingreso - monto escaso - percepción efectiva por el exportador - personas jurídicas: responsabilidad. CPECON. Sala 1, (RIGGI - CORTELEZZI) - Reg. 085/1990 - 19.04.1990 - Causa 28908 - "ARPEMAR S.A.P.C. Y I.; TRABALLONI, PEDRO; TRABALLONI, JUAN CARLOS; SALVI, NICOLAS s/Infracción al Régimen penal cambiario" Trib. de origen [Juzg/Secr]: BCRA Ref. norm.: Ley 19359 (t.o.1982), Art. 1 inc. f), Art. 8 y Art. 15; Constitución Nacional, Art. 86, Inc. 2). Fallo publ. en: JPBA-75, F. 10555, p.55, origen del presente suamrio. Nota: Se resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 inc. f), 8 y 15 de la ley 19359. Ver fallo de la Corte Suprema, resuelto en May.12.92, en FALLOS 315:910. Citar: [elDial.com - AKAD4 ]





[9] C. 202. XXXV RECURSO DE HECHO - "Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/inf. ley 19.359" - CSJN - 15/08/2002. CONTROL DE CAMBIOS. Banco Central. Juicio penal. Multas. Citar: [elDial.com - AA14DC ] Copyright 2011 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina



 





 


Abogada UCES Magister Derecho Empresarial UNIVERSIDAD AUSTRAL
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