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La Carta Oferta y el Impuesto de Sellos.
Publicado el 05/05/2014
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I. Introducción:

El Impuesto de Sellos se caracteriza como un tributo que grava distintos actos, contratos u operaciones que, indirectamente, evidencian la existencia de riqueza –o de capacidad contributiva- en cabeza de los particulares. Entre ellos podemos citar la transferencia de inmuebles, las obligaciones dinerarias y la compraventa de bienes.

Es dable resaltar que no todos estos actos, contratos u operaciones se encuentran alcanzados por el impuesto de sellos, sino solamente los que están específicamente contemplados en los respectivos Códigos Fiscales y, además, cumplan con los requisitos de: (i) onerosidad, (ii) instrumentalidad y (iii) territorialidad, límites establecidos en el artículo 9°, inciso b) acápite II de la Ley 23.548 (Coparticipación Federal de Impuestos).



II. Requisitos de onerosidad, territorialidad e instrumentalidad:

No caben dudas que los actos, contratos u operaciones poseen la característica de onerosidad -los actos realizados por sociedades comerciales se entienden onerosos por expresa imposición del Código de Comercio- y territorialidad.

Resulta necesario analizar entonces si cumplen con el requisito de instrumentalidad (leit motiv de la decisión empresarial de hacer uso de carta oferta (CO)), que, en caso negativo, el hecho, acto u operación en ella contenido quedaría excluido del hecho imponible del Impuesto de Sellos y en consecuencia no devengaría suma alguna a oblar en concepto del referido tributo.



III. Carta Oferta, propuesta, contrato por correspondencia o entre ausentes.

En los contratos por correspondencia o entre ausentes, en los cuales una de las partes remite a la otra una propuesta u oferta, la forma de aceptación de la contraparte es lo que definirá si la operación ha quedado o no instrumentada y alcanzada o no con el Impuesto de Sellos.

Lo que se plantea aquí es, si la mera oferta realizada por una de las partes por escrito, en la que se estipulan –entre otros elementos- la vigencia del vínculo, las obligaciones de las partes, las causales de resolución y que, además, contiene una cláusula de aceptación tácita en caso de no existir un rechazo expreso o si la contraparte comienza a realizar la prestación objeto de la oferta, alcanza para entender que se ha cumplido con el requisito de instrumentación.

Este requisito es el más importante ya que el hecho imponible definido en los Códigos Fiscales no genera el tributo si los actos o contratos no están formalizados en instrumentos, tanto públicos como privados.



IV. Definición de Instrumento.

La mayoría de los Códigos Fiscales provinciales expresan que instrumento es toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos y contratos, de manera que revista los caracteres exteriores de un titulo jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento.

Como puede apreciarse, los legisladores han limitado, a través de la incorporación de la referida definición, la imposición en aquellas situaciones en las que existe un complejo instrumental, es decir, que hay distintos documentos en los que están consignadas las obligaciones de cada parte.

Ahora bien, las cartas intención o cartas oferta, no cumplen con el principio de instrumentalidad, y así la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha declarado, tales como “Shell v. Pcia. del Neuquén” (Fallos 327:1051), “T.G.S. v. Pcia. de Santa Cruz” (Fallos 327:1083) e “Y.P.F. v. Tierra del Fuego” (Fallos 327:1108), decretando que “…las misivas mencionadas carecen de la autosuficiencia requerida para exigir el cumplimiento de las obligaciones en ellas plasmadas y, por ende, la pretensión tributaria provincial se encuentra en pugna con la obligación asumida en el acápite II del inc. b del art. 9° de la ley 23.548…

Por ello, y en concordancia con la pacífica doctrina referida, queda claro que las cartas de intención o cartas oferta, por sí solas y en tanto no se encuentren aceptadas expresamente (contratos entre ausentes) no constituyen un instrumento que pueda ser alcanzado por el Impuesto de Sellos, aunque algunos Fiscos provinciales pretenden determinar y/o intimar de pago a quienes han suscripto este tipo de ofertas.


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